(...) El sindicato afirma que los delitos cometidos por la familia del expresidente de la Generalitat formaban parte de un «entramado político y económico» que contaba con la complicidad de Aznar y González.
¡Menudo país de traca y de mangantes!, donde todo vale para que se enriquezca la cúpula de casta política a costa de las arcas públicas, que tan llenas están de tanto expolio a impuestos, que incluso parecía que eran necesarios los coches oficiales para trasladar al extranjero todo el botín derivado de ese famoso 3% de comisiones en todas las concesiones de los contratos públicos, aunque los de “Manos Limpias”, el sindicato de los funcionarios de la nómina vitalicia que pretende ser el abanderado de la anticorrupción, dice tener pruebas de hasta el 20% en comisiones según en qué casos. O sea, los típicos y habituales métodos mafiosos, pero en el caso de los políticos, con total inmunidad (que por si fuera poco, incluso disfrutan de la condición de aforados, tanto políticos como jueces). Lo que me sorprende es que se hayan preocupado de esas cosas un sindicato de funcionarios que al ser públicos y de nómina vitalicia, son por ende fácilmente corruptibles, y no cualquier otra entidad, como algún sindicato de trabajadores (igual sabemos de su fama de corruptos que trincan de las ayudas a los cursos para parados, o de los expedientes de los ERES, y comprados a subvenciones, como son los casos de UGT o CC.OO,), o alguna organización de consumo que defiende los derechos ciudadanos como la OCU, sólo por citar dos ejemplos.
No debemos de olvidar que antes de ser presidente de la Generalitat, Jordi Pujol se dedicaba al negocio de la banca (fue el dueño de Banca Catalana, al final engullida por el BBVA cuando quedó en bancarrota por una gestión muy poco clara), y por ejemplo, en un fondo de inversión es algo normal quedarse cada año el 3% de comisión sobre el montante dinetario del mismo fondo, por los gastos de gestión, custodia y mantenimiento (en fondos de mayor riesgo, la comisión también es incluso superior a ese 3%). Con lo cual, Jordi Pujol, como buen banquero que fue, quizás supo ver una suculenta fuente de negocio con lo de quedarse con el 3% de los contratos de la Generalitat, como si fuera otro negocio de gestión bancaria más. Y es que el 3% anual de los dineros de la Generalitat que se aprueban cada año en el parlament, dan como una fabulosa mina de dinero negro en comisiones inacabables (sobre todo si se saben administrar bien con la pericia de un banquero, que como todos sabemos tienen contabilidad “B”, “C”, “D”, etc... propio de la ingeniería financiera, y no sólo la contabilidad oficial que todo el mundo aplica para quedar bien con lo legal), con lo cual se produce un excedente de dinero negro muy grande que hay que llevar a Andorra, Suiza y otros paraísos fiscales, donde están a buen recaudo de la rapiña de impuestos española y de las preguntas de quien no debe preguntar de cierta agencia tributaria, y bien ocultos en cuentas secretas numeradas, que al parecer no daban abasto para llevar tan grande cantidad de dinero en tantos largos miles de euros, que ni siqueira con los coches oficiales parecían suficientes para llenarlos.
En fín, que la administración pública, cuando maneja abundantes fondos procedentes de los impuestos, la codicia de los políticos los convierte en cómplices y mafiosos de repartirse entre ellos unas generosas cuentas corrientes en el extranjero, que si alguien tuviera el suficiente valor de tirar de la famosa manta que dijo una vez un tal Luis Roldán, que fue jefe socialista de la Guardia Civil, veríamos que en la política española existen muchísimos más ladrones de lo que imaginamos. Claro que cuando el político que hace eso, además es un experto en banca y en cómo debe de funcionar bien una organización mafiosa (que un banco o un partido político puede ser algo parecido), la ingeniería financiera del robo del bote público, se multiplica. Claro, si no hubiera tantos impuestos, tampoco habrían tantos ladrones de los dineros públicos. O sea, el país que no quiera ser robado, que no multiplique sus impuestos, ni sus cargos políticos, ni sus funcionarios.
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